Según la encuesta de personas con discapacidad del 2018, en Costa Rica hay más de 650.000 personas mayores de 18 años con alguna discapacidad, a lo que hay que sumar los menores de edad, familiares y asistentes, cuyo número ronda el millón de personas (18,2% de la población).
El transporte público es vital para el desarrollo del país y un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, por cuanto el libre tránsito está establecido en la Constitución Pública, según explica la regidora de la Municipalidad de Goicoechea, Nicole Mesén.
Es por ello por lo que los servicios de transporte público deben cumplir con las demandas de accesibilidad de la población con discapacidad y de toda la población, en general.
Debido a las precarias condiciones económicas y de acceso al empleo que padecen las personas con discapacidad, el transporte público es la única opción de traslado y movilización que puede utilizar esta población.
Asimismo, es importante resaltar que las dificultades de movilidad empeoran en las zonas rurales y costeras del país, donde reside la mayor cantidad de personas que integran este sector de población, de acuerdo con Rodrigo Jiménez, abogado, experto en derechos humanos y representante del Movimiento Transporte Público Accesible CR.
Recuadro
“Hay que considerar además a las personas adultas mayores –algunas tienen dificultades motoras--, y a otro sector de la ciudadanía que solo tienen acceso al transporte público”, acotó Jiménez.
Con respecto a la cantidad de población general que utiliza el transporte público en su vida diaria, Mesén y Jiménez aseguran que el dato que se maneja oficialmente es de aproximadamente un millón de personas diariamente.
Antecedentes
El Expediente No 22.530, que se discute actualmente en el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa actualmente, fue presentado a discusión por el exdiputado Erwen Masís (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC), en julio del 2021, fundamentado en la crisis provocada por el Covid-19 y propone cambiar la Ley 7.600 –que está acorde con los mandatos internacionales de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad--, concretamente el artículo 46 Bis, para extender la vida útil de la flotilla de autobuses de 15 a 20 años.
Rodrigo Jiménez, sostiene que “las diputadas y los diputados, como representantes del pueblo ante el Primer Poder de la República, no pueden legislar contra los derechos humanos cuando hay una norma superior, en este caso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque se puede alegar, a posteriori, sea en una consulta de constitucionalidad y ante la Sala de lo Constitucional, que esta ampliación viola la ley porque prevalece una norma superior –la Convención--; además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo hizo en 1994 cuando estableció la obligación de los Estados –en la opinión consultiva No.1494--, que las diputaciones tienen que legislar conforme a los derechos humanos, sin violentarlos, cosa que no está sucediendo con este proyecto”.
Estos plazos vienen desde 2003
Este no es un tema nuevo, según cuenta Nicole Mesén, ya que la Ley 7600 está vigente desde 1996 y la prórroga para que todo el transporte público fuera accesible vencía en el 2003, pero en el 2006 se modificó por primera vez el artículo 46 Bis para extender dicha prórroga para el 2014.
Asimismo, en el 2006 se señaló también que ese reemplazo de flotilla se hiciera paulatinamente por porcentajes hasta el 2014, con el fin de que todos los autobuses fueran accesibles para personas con discapacidad y movilidad limitada, pero esto nunca ocurrió.
El argumento que utilizan es que todos los buses tienen rampa, pero en el 2017 se hizo una reforma al reglamento de la Ley 7600 para ampliar los lineamientos de accesibilidad que incluían, disponer de timbres sonoros y con luz –para personas con discapacidad visual y auditiva--, tener piso antiderrapante, huella, contrahuella y gradientes adaptadas, distancia apropiada entre asientos y el número de asientos para personas con discapacidad debía pasar de 2 a 4, entre otros.
“Para poder aplicar esos cambios y esas reformas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) estaba obligado a actualizar el manual de revisión técnica para adecuarlo a todos esos lineamientos, y eso no ha ocurrido y mientras eso no se actualice, no se puede exigir a los autobuses cumplir con esos lineamientos que están pendientes desde 2017”, asegura Nicole Mesén.
“Un autobús accesible contribuye con el cumplimiento integral de los derechos humanos y ya no se puede retroceder en los logros nacionales relacionados con los derechos humanos, pero no ha habido interés en generar las condiciones de accesibilidad para todas las personas en general”, sostiene la regidora por Goicoechea.
Quiénes están detrás de este proyecto.
Según Jiménez y Mesén, hay un grupo grande de autobuseros que ya han cambiado su flotilla y han cumplido con todos los requerimientos señalados en la Ley 7600, pero quienes impulsan esta nueva prórroga es un grupo más pequeño, pero muy poderoso y con injerencia fuerte en el Gobierno, el que está presionando para ese cambio y son los que tienen mayor presencia en la Cámara de Transportes (Canatrans). “Lo que estamos viendo es un tráfico de influencias”, afirma Rodrigo Jiménez.
Dato interesante:
¿Sabía usted que el 8% de la tarifa del pasaje de autobús debe ser invertida en el mantenimiento y renovación de la flotilla?
Esta es una inversión que pagamos las personas usuarias del transporte público.
